En una sesión cargada de debate, la Cámara de Diputados dio media sanción a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que busca reemplazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024 promulgado por el presidente Javier Milei. La medida fue impulsada por un acuerdo entre Unión por la Patria (UxP) y varios bloques dialoguistas, incluyendo la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal.
El dictamen mayoritario de Unión por la Patria fue inicialmente rechazado, lo que llevó a la votación de la propuesta de la UCR y Hacemos Coalición Federal, que fue aprobada con 160 votos afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones. La propuesta ahora se dirige a la Cámara Alta, donde los senadores deberán decidir si la aprueban o la devuelven a Diputados con modificaciones.
La nueva fórmula de movilidad jubilatoria propone una recomposición del 20,6%, integrando un 8,1% adicional al 12,6% previamente establecido. Este ajuste busca cubrir la inflación de enero, que no fue contemplada en la fórmula anterior. Además de actualizar los haberes utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la propuesta incluye un aumento adicional anual en marzo, basado en el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios.
El proyecto también establece que el haber mínimo será equivalente al 1,09 del valor de la canasta básica total de un adulto, lo que llevaría el mínimo a 285 mil pesos. Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y pagar las sentencias firmes a favor de jubilados. Estos pagos no se realizarán con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como se había propuesto inicialmente, sino con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional, incluyendo el impuesto al cheque, el impuesto PAIS y el IVA.
El oficialismo y sus aliados del PRO rechazaron la iniciativa opositora argumentando que podría afectar negativamente el equilibrio fiscal que el Gobierno busca mantener. Sin embargo, los bloques opositores defendieron la medida como fiscalmente responsable, señalando que el superávit fiscal se ha logrado en parte debido a la erosión del valor de las jubilaciones y pensiones por la inflación.
