Corrientes concentró el debate regional sobre seguridad rural
La ciudad de Corrientes fue escenario este martes de una importante reunión regional destinada a fortalecer las políticas de prevención y combate del delito en áreas rurales. La Mesa de Trabajo Técnico-Operativa de Seguridad Rural se desarrolló en el Hotel de Turismo y convocó a autoridades nacionales, provinciales y representantes de Paraguay.
El encuentro fue encabezado por el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, junto al ministro de Seguridad, Adán Gaya; el secretario del Consejo de Seguridad Interior de la Nación, Iván Velasco; el coordinador del Convenio Policial Argentino, Ricardo Galeano; y el subsecretario de Intervención Federal, Martín Culatto.
También participaron funcionarios y responsables de las áreas de Seguridad Rural de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones y Formosa, además de representantes del vecino país paraguayo.
La protección de la producción como eje central
Durante la apertura, las autoridades coincidieron en que la seguridad rural constituye una herramienta fundamental para garantizar el desarrollo de las actividades productivas en regiones de gran extensión territorial y baja densidad poblacional.
En ese marco, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard destacó la importancia del trabajo que realizan las fuerzas de seguridad para brindar protección permanente a quienes desarrollan actividades en el ámbito rural.
Asimismo, remarcó que las características geográficas de la región representan un desafío constante para las tareas de vigilancia y prevención, lo que exige una planificación específica y una fuerte coordinación institucional.
Cooperación regional frente a desafíos comunes
Por su parte, el ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, valoró el espacio de intercambio entre provincias y organismos nacionales, al considerar que los problemas vinculados a la seguridad rural requieren respuestas articuladas.
“Los desafíos que enfrentamos en materia de seguridad rural solo pueden abordarse mediante el trabajo conjunto, la cooperación institucional y la construcción de estrategias comunes”, sostuvo el funcionario.
Gaya remarcó además que garantizar la protección de la producción ganadera y bubalina representa una prioridad para la provincia, teniendo en cuenta su peso dentro de la economía correntina.
Más de una década de fortalecimiento institucional
Durante su exposición, el ministro recordó que hace más de doce años Corrientes creó la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica, una estructura especializada destinada a prevenir e investigar delitos cometidos en zonas rurales.
Actualmente, la fuerza cuenta con 26 unidades especiales distribuidas en distintos puntos del territorio provincial y más de 580 efectivos dedicados exclusivamente a tareas de prevención, investigación y control.
Según explicó, este crecimiento estuvo acompañado por un proceso de modernización tecnológica y operativa que permitió mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos vinculados al sector productivo.
Descenso de los indicadores de abigeato
Uno de los aspectos destacados durante la jornada fue la evolución de los indicadores vinculados al delito rural en Corrientes.
De acuerdo con los datos expuestos por el Ministerio de Seguridad, en los últimos meses se registró una tendencia descendente en los principales índices relacionados con el abigeato, uno de los delitos que más preocupa al sector ganadero.
En ese sentido, Gaya sostuvo que los resultados obtenidos refuerzan la importancia de continuar profundizando la cooperación regional y el intercambio de información entre provincias para combatir organizaciones delictivas que operan en distintas jurisdicciones.
Una agenda común para el campo
La mesa de trabajo permitió avanzar en la construcción de una agenda común orientada a fortalecer la seguridad rural mediante acciones coordinadas, intercambio de experiencias y desarrollo de herramientas conjuntas.
Las autoridades coincidieron en que la cooperación entre provincias y organismos nacionales resulta indispensable para enfrentar delitos que afectan directamente a la producción y al desarrollo económico de la región.
