En un contexto donde negocia la aprobación de la ley Bases en el Senado, el Gobierno avanza en la planificación de un ambicioso plan de recortes del empleo público, dirigido específicamente a empleados de la planta permanente del Estado.
La normativa, que recibió media sanción en la Cámara de Diputados, propone reformar o disolver organismos y entidades estatales, además de modificar la Ley Marco de Regulación del Empleo Público para establecer un nuevo régimen de estabilidad.
Si la ley Bases es ratificada por el Senado, el Gobierno tendría la capacidad de pasar a disponibilidad a aproximadamente 125.000 empleados que actualmente gozan de estabilidad laboral bajo la ley Marco y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sumados a los 55.000 trabajadores de planta transitoria, esto elevaría el total de empleados públicos en riesgo a 180.000.
El artículo 52 del Capítulo IV del megaproyecto prevé la modificación de la Ley Marco, estableciendo que el personal afectado por medidas de reestructuración quedará en situación de disponibilidad por hasta doce meses, tras los cuales podrían ser desvinculados de la Administración Pública nacional si no logran formalizar una nueva relación laboral.
Fuentes oficiales indicaron que se está revisando minuciosamente cada contrato en el marco de una auditoría gubernamental, evaluando la continuidad de los empleados en función de las responsabilidades y tareas que desempeñan.
En caso de despido, los empleados tendrían derecho a percibir una indemnización basada en sus años de servicio, con un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses.
